El objetivo de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos en nuestro país ha sido para identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos en México.
Se reunieron con funcionarios federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instituciones bancarias, representantes del Congreso de la Unión, representantes de una amplia gama de empresas (incluyendo Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, Grupo México, Goldcorp, Transcanada, la Comisión Federal de Electricidad; PEMEX); organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Mencionaron que los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos establecen que todas las empresas (incluyendo las que son propiedad del Estado) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, independientemente de la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
Hablaron de los temas que Proyecto Potosí ha mencionado en este tiempo y de nuevos temas que están en la agenda de trabajo:
Ejercicio de debida diligencia en el contexto de los proyectos de desarrollo
La necesidad de fortalecer la consulta y el diálogo social
Evaluaciones de impacto ambiental y social
Derechos laborales
Los sindicatos
Jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes
Trabajo infantil
Personas con discapacidad
Género
Defensoras y defensores de derechos humanos
Acceso a recursos legales efectivos
Conocimiento general de los principios rectores de las Naciones Unidas
Plan Nacional de Acción
Esta fue la Observación Final (Declaración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos):
Por un lado, estamos contentos de ver que hay un compromiso por parte del gobierno mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Sin embargo, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos. Nos gustaría resaltar también la necesidad de que el gobierno dé el ejemplo. El proceso de elaboración del Plan Nacional de acción sobre empresas y derechos humanos es una gran oportunidad para traducir la voluntad política en acciones reales, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo.
Como el principio de la debida diligencia es el núcleo de los principios rectores las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, la prevención de daños o perjuicios con suficiente anticipación debería conducir a una situación de ganar-ganar pues se evitarían impactos negativos. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, es relevante tener en cuenta que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse viables.
Una cuestión primordial que observamos, es la ausencia de un marco de política coherente para la debida diligencia y la inadecuada implementación de las leyes y reglamentos; un problema que se agrava por la complejidad de la superposición de competencias de los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.
También destacamos la necesidad de diseñar e implementar mecanismos efectivos de consulta con todos los actores, fortaleciendo una cultura de diálogo social. En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas. Siguiendo las mejores prácticas, esta consulta debería tener lugar en la etapa más temprana de cualquier proyecto de desarrollo y debe asegurar que sea previa, libre e informada de acuerdo con los estándares internacionales.
Periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben ser mejor protegidas para que puedan llevar a cabo su papel crucial de defender los derechos humanos. Frente a ataques generalizados e intimidación contra personas que defienden los derechos humanos, los funcionarios de alto nivel del gobierno, así como las y los CEO de las empresas deben tomar una postura clara de que la intimidación y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados.
También vimos pruebas de la censura y sanción contra periodistas de investigación que han expuesto conflictos de interés y corrupción. Hay una necesidad de restablecer la confianza en el sistema jurídico. Si bien los tribunales en muchos casos han sido capaces de proteger los derechos de las víctimas, también hay casos de órdenes judiciales que no se respetan.
A pesar de los desafíos que se tienen por delante, nos anima saber del compromiso por parte del gobierno mexicano para avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos. También nos sentimos alentados por el hecho de que hay una sociedad civil próspera en México que hará posible progreso.
Si tienes cualquier duda o comentario sobre los Derechos Humanos en las empresas, escríbenos: proyecto_potosi@hotmail.com
